El 15 de julio de 1.834, fecha de la que nos separan ya 181 años, se abolía definitivamente el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en España. Varios años antes, durante la Guerra de la Independencia, tal institución había sido abolida en 1.808 para la España ocupada por las tropas napoleónicas, y en 1.813 por las Cortes de Cádiz para el territorio no ocupado o liberado del dominio francés. Era la respuesta internacional y nacional ante un tribunal cuya labor, aplaudida en sus inicios por una mayoría de población exaltada y supersticiosa que veía a bien la persecución de falsos conversos y herejes en pro de la persecución del demonio y a favor de una supuesta unidad religiosa nacional, se cuestionaba cada vez más por un mundo donde la ilustración y la venida del progreso chocaba con una censura arcaizante, demagógica y despótica.
La conocida como Inquisición española había estado en funcionamiento más de 350 años, desde que el 1 de noviembre de 1.478 fuera promulgada por bula del Papa Sixto IV su creación para el reino de Castilla, y en 1.483 para los territorios de la Corona de Aragón. Nombrándose al Inquisidor General no por la Santa Sede sino por el propio monarca, y con autoridad en todo el territorio y sobre todos los súbditos cristianos supeditados al rey hispano, el Tribunal del Santo Oficio se convertía en la única institución con pleno dominio sobre todo el terreno y todas las personas, poder tras el que, disfrazado de persecución religiosa, se escondían en muchas ocasiones intereses políticos que buscaban la destrucción de enemigos o la confiscación de bienes y fortunas que enriquecieran a Iglesia y Monarquía. Se perseguiría a judeoconversos y moriscos, protestantes y luteranos, supuestas brujas y detractores de la moral como lo eran los bígamos, así como a practicantes de aberraciones sexuales como la homosexualidad o el bestialismo. Pero también se juzgaba a los denominados herejes: grupo heterogéneo donde todo el que, ya fuese por simple opinión verbal, hubiera cuestionado cualquier aspecto de la doctrina católica, hubiera criticado cualquier labor del Santo Oficio, o hubiera hablado en contra de la Iglesia, sería interrogado, juzgado y, muy posiblemente, condenado. Como resultado, y aunque las cifras concretas bailan notablemente según unos estudios y otros, durante el periodo de actividad del tribunal serían varios cientos de miles las personas procesadas, más de treinta mil de ellas, según las más altas estimaciones, ejecutadas. Pero la labor de la Inquisición fue a más. El miedo volaba sobre la población. Las denuncias anónimas provenientes más por una venganza que por una falta podrían terminar en arresto, condena, ejecución o castigo, humillación pública del reo y deshonra para toda una familia y herederos repudiados por el resto de población. La intolerancia hacia culturas que habían forjado las bases de la cultura española derivaban en odio social. La persecución de cualquier idea contraria a la regla más indiscutible y férrea convertía al pueblo en una amalgama de incultos y crédulos donde cualquiera que quisiera forjarse en el estudio y abrazar el librepensamiento podría ser condenado. El mayor logro de la Inquisición sería fomentar la aversión y la represión, hundir a España bajo el fanatismo religioso en un conservadurismo que forzó su atraso económico y cultural. En definitiva, anquilosar el país.
Arriba: tras el cabecero de la Parroquia de la Asunción, en pleno centro urbano de la que antaño fuera aldea cacereña, la Casona de la Inquisición de Malpartida de Cáceres se presenta como vivienda de tres plantas con características arquitectónicas propias de las casas solariegas de la Extremadura rural de la Edad Moderna, destacando en su fachada elementos propios de las construcciones comarcales, como lo son la gran chimenea o las poyatas que enmarcan uno de los ventanales, así como fundamentalmente el escudo inquisitorial que centra el frontal del inmueble y da nombre al edificio.
Para llevar a cabo su labor, el Santo Oficio comenzó asentándose en las poblaciones donde se requería su temporal presencia, existentes estas sedes durante ciertos periodos o para juzgar ciertas causas puntuales, entre las que se podría destacar el caso de la Inquisición Jerónima de Guadalupe, forjada en 1.486 de manera especial y bajo permiso especial de Isabel I para perseguir una supuesta comunidad de judeocriptos cuyos miembros brotaban de entre las filas de monjes residentes en el monasterio. Con el paso de los años, diversos tribunales fijos se crearían y repartirían a lo largo del territorio nacional. Sin contar con los tribunales fijados en la Nueva España, o en territorios que dejarían de pertenecer más tarde a la Corona española, serían trece las sedes inquisitoriales fijas en la España peninsular, a las que habría que añadir la mallorquina y la canaria. Según algunos autores uno de los primeros tribunales en crearse, en 1.485, concebido sin embargo por otros en 1.501 ó 1.508, sería el de Llerena, cuya demarcación llegaría a alcanzar en la segunda mitad del siglo XVI los 42.260 kilómetros cuadrados, incluyéndose bajo su supervisión las diócesis de Plasencia, Coria, Badajoz y Ciudad Rodrigo, en lo que sería la práctica totalidad de la actual región extremeña y aledaños a la misma, conocida entonces como Provincia de León de la Orden de Santiago. Sin conocerse con acierto los motivos que llevaron a la ubicación de tal tribunal en esta localidad, existiendo otras de mayor peso en la zona, se cree que pudo influir en ello el apoyo de un llerense de peso en la Corte de los Reyes Católicos, como lo era su consejero Luis de Zapata. Otros miran hacia el gran número de conversos que residirían en el sur extremeño, destacables en localidades como la propia Llerena o la no muy lejana Jerez de los Caballeros. Sí se sabe, por el contrario, que tal sede, a pesar de ser trasladada durante varias décadas a Plasencia, regresaría a la Campiña Sur hacia 1.570, estableciéndose en el Palacio de los Zapata, para juzgar los actos de la creciente secta de los alumbrados, perseguidos con afán por fray Alonso de la Fuente. Tras finalizar un proceso que aún hoy en día sigue envuelto en misterio y controversia, y una vez consumada la condena de los mismos, el Tribunal se mantendría en la localidad hasta la definitiva abolición de esta religiosa corte en tiempos de minoría de edad de Isabel II.
Aunque los denunciados por faltas graves solían ser trasladados a la misma Llerena, donde eran retenidos en las cárceles de que disponía el Santo Oficio, el tribunal religioso contaba a lo largo de su demarcación con una amplia red de casas y edificios donde podían llevarse a cabo sus investigaciones y actuaciones más inmediatas, ejecutadas por los denominados como "familiares del Santo Oficio". Eran éstos personajes relacionados con el tribunal los que, a modo de funcionarios inquisitoriales, recogían denuncias, interrogaban, investigaban o redactaban los informes que más tarde serían remitidos a Llerena. Sus propias viviendas serían en muchas ocasiones los inmuebles donde despacharían tales asuntos, siéndoles permitido colocar por tal motivo y de tal manera sobre sus portadas y en sus fachadas el escudo emblemático inquisitorial, demostrando así con la colocación de tal blasón que su dueño formaba parte de la jerarquía y esquema piramidal que conformaba la institución del Santo Oficio. Igualmente tal divisa podría fijarse en edificios nobiliarios o monumentos religiosos, bien de manera individualizada, emparejado con el de Órdenes militares o apellidos ilustres, o formando parte las armas inquisitivas de un blasón mayor que recogiera otros títulos con que querer identificar el inmueble. Respondía este hecho al apoyo brindado por el noble a la labor del religioso tribunal, o por la vinculación del templo o edificio monacal con la Santa Inquisición, que lo tomaría como base donde establecerse en caso de tener que acudir alguno de sus miembros a dicha localidad si la diligencia de algún proceso así lo requiriese.
Arriba: en una única pieza granítica, y enmarcado entre sencillos motivos vegetales, el blasón del Santo Oficio de Malpartida de Cáceres mostraría inicialmente la tríada de elementos simbólicos que componen el emblema genérico del religioso tribunal, centrado por la cruz de maderos junto al cual, en el lado izquierdo, la rama de olivo ofrecería reconciliación con los arrepentidos, habiendo sido borrado, curiosamente, la espada justiciera que castigaría a los herejes, desaparición que posiblemente habría que achacar a algún posterior casero del inmueble que querría de tal modo eliminar del presente el triunfo del fanatismo religioso que imperó en el país y la región durante cientos de años atrás.
Conocida es, a este respecto, la denominada como Casa de la Inquisición o Casa del Santo Oficio de Jaraicejo, cuyos titulares, al parecer, ejercían labores de investigación y despachaban el papeleo requerido por tal tribunal cuando desde Llerena así se lo reclamaban. Curioso es el escudo inquisitorial que, por otro lado, luce sobre uno de los encalados muros que conforman el laberíntico barrio gótico-judío de Valencia de Alcántara, donde las armas del tribunal religioso son coronadas con yelmo a modo de apellido, descubriéndose así las intenciones de un casero que, lejos de promocionar su nombre, quiso anunciar su vinculación con la jerarquía inquisitorial, formando parte de tan extensa familia. Vinculación que vendría a adivinarse al observar, como lo ha hecho
Rubén Núñez (autor del blog
Cáceres al detalle), el escudo que culmina la portada de la Iglesia de Santo Domingo de Cáceres, donde, sobre el emblema dominico y el rosario que le rodea, una rama de olivo y una espada propias del Santo Oficio cerrarían la marmórea obra. El convento adjunto se convertiría, al parecer, en la sede que los miembros de la religiosa corte tomarían como lugar de hospedaje en sus viajes a la otrora villa cacereña, desde donde partirían, a través de arcos y pasajes, hasta la Plaza Mayor, supuesto escenario escogido para la celebración de los posibles autos de fe llevados a cabo en la localidad.
Pocos datos se tienen sin embargo de la llamada Casona de la Inquisición de Malpartida de Cáceres. Este edificio, levantado al parecer en el siglo XVIII y ubicado tras el cabecero eclesiástico de la céntrica Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, en la Glorieta del Carmen, presenta en su fachada las características propias de una vivienda señorial de la Extremadura rural, de tres plantas, portada y vanos adintelados bajo fábrica granítica, a la que se añaden particularidades propias de la comarca, tales como la gran chimenea que cierra el inmueble en su flanco derecho, o las poyatas o ménsulas que culminan el alfeizar exterior de uno de los ventanales del piso primero. Es a la izquierda de esta ventana, centrando el frontal de la finca, donde figura un blasón con las armas del Santo Oficio. En una única pieza de granito, y bordeado con motivos vegetales entre los que destaca una flor en la zona inferior del blasón, un marco cuadrangular con cerramiento en arco en la línea suprema guarda la simbología tomada como suya propia por el religioso tribunal. Una cruz conformada por maderos, en la zona centro, se acompañaría de una rama de olivo a la izquierda de la composición, alegoría de la reconciliación hacia la doctrina católica dada por la corte a muchos de sus sentenciados arrepentidos. Carece significativamente sin embargo del tercer elemento que constituiría la tríada inquisitorial, basado en una espada símbolo de la justicia recaída sobre los herejes.
Arriba: en las cercanías de la majestuosa Parroquia de la Asunción, en plena calle Talavera, se conserva la denominada Casa de la Inquisición o Casa del Santo Oficio de Jaraicejo, sencillo edificio donde destaca en su exterior una humilde ventana en esquina que albergaría, al parecer, a una de las familias vinculadas con el religioso tribunal, encargados de llevar a cabo las directrices remitidas desde la sede de Llerena.
Abajo: entre las múltiples casas y edificios vinculados con el Tribunal de la Inquisición asentados a lo largo de toda la región, identificados por el escudo inquisitorial y su tríada simbólica, llama la atención el conservado en una de las viviendas del casco antiguo o barrio gótico-judío de Valencia de Alcántara donde, sobre el blasón, figura un yelmo propio de las divisas nobiliarias, mostrándose así el titular del inmueble como parte de la extensa familia inquisitorial y miembro de una institución que, durante la Edad Moderna española, fue sinónimo no sólo de persecución, sino también de amplio poder.
Desconocemos en principio si este edificio fue propiedad de algún alto cargo inquisitorial que quisiera marcar con el blasón del Santo Oficio esta pertenencia suya, o si más bien la posesión recaería en algún "familiar de la Inquisición" que, desde ella, vigilase y controlase bajo órdenes venidas desde Llerena el mismo pueblo, entonces aldea supeditada a la cercana Cáceres, o aquellos cercanos pertenecientes a lo que hoy sería la comarca de Tajo-Salor donde, en muchos de sus municipios, se incoaron expedientes inquisitoriales por diversas causas y motivos a muchos de sus ciudadanos, destacando por número las diligencias abierta en Brozas, Alcántara o Garrovillas de Alconétar. El investigador
Fermín Mayorga se hará eco de estos procesos englobados en lo que sería la Raya cacereña, entre los que, vinculados con la localidad malpartideña, destacaría el abierto en el siglo XVIII, en abril de 1.726, contra el párroco de la localidad, D. Miguel Manzano, bajo el cargo de solicitante por denuncia de una joven soltera del pueblo, que delataría ante el Santo Oficio la solicitud o petición de cumplimiento de diversos favores sexuales que le emitió el cura durante el tiempo de confesión de la chica.
No se conocen igualmente los motivos que llevarían a borrar literalmente del blasón la espada que la Inquisición levantaría contra la herejía. Sin embargo, la llegada del Siglo de las Luces y la caída del Antiguo Régimen en pro de la asunción de los derechos civiles y el progreso de la civilización occidental, haría pensar en la supresión de la simbología inquisitorial más lejana al perdón y a la fraternidad y cercana a la represión, bajo los deseos de abolición de tan arcaica institución en miras hacia una nación desvinculada de una maquinaria censuradora que impidiera el avance del país hacia un futuro sin fanatismos religiosos que lo bloquearan. Recoge, por tanto, este sencillo escudo, un doble capítulo en la historia española, donde la existencia de un tribunal religioso quedaría constatada, pero también los deseos de liberación de un pueblo, no de su base cultural cristiana, pero sí del brazo justiciero de un organismo intolerante que habría cubierto bajo su terrorífica sombra la sociedad española por más de tres siglos. El escudo de la Inquisición de Malpartida de Cáceres se presenta así como todo un doble símbolo tanto de uno de los capítulos más oscuros de nuestras crónicas, como a la par de la anhelada asunción de las libertades civiles requerida dentro de la historia de nuestro país y de nuestra región. Es, por tanto, todo un tesoro en el camino.
Abajo: la Iglesia Mayor de Nuestra Señora de la Granada, monumento insigne de Llerena, presenta entre sus características arquitectónicas más llamativas no sólo la espectacular torre-fachada de fábrica gótico-mudéjar y culminación renacentista que ostenta la función de campanario, sino también la doble arcada o corrida balconada que centra la casi totalidad del muro del evangelio del templo, ventanales que a modo de escaños servirían a los miembros de la sede del Tribunal de la Inquisición asentado en la localidad durante las celebraciones de los diversos autos de fe ejecutados en la contigua Plaza de España.
